El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha comparecido en el Pleno del Congreso para solicitar la convalidación de la prórroga del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, el llamado Real Decreto-ley de «escudo social».

Para Félix Bolaños, este Real Decreto-ley, llamado «de escudo social», «muestra la acción de un Gobierno progresista frente a la crisis». El ministro de la Presidencia ha afirmado que «la recuperación justa es la idea que define lo que queremos para España en esta nueva etapa», destacando como tal el crecimiento económico y la cohesión social: «Más riqueza, más libertades y más protección social», ha afirmado.

«Estamos decididos a que España se recupere rápidamente y de manera justa», ha añadido Bolaños, quien ha matizado que esa recuperación debe llegar «a las clases medias y trabajadoras, a los autónomos, a las empresas, a todos los territorios y a todos los sectores de actividad». «En esta crisis, los españoles están encontrando en el Consejo de Ministros un alivio durante los peores meses de la pandemia y una esperanza para el futuro, ahora que encaramos la recuperación. Ese es el valor de la política», indicó, señalando que no es lo mismo quién gobierne a la hora de salir de una crisis, «y menos cuando nos llega la adversidad». Así lo demuestra la salida de la crisis financiera llevada a cabo por la administración anterior, que fue «lenta, injusta e incompleta».

1.100.000 personas protegidas por el escudo social

El ministro Bolaños ha afirmado que «la crisis del COVID no ha sido una excusa para recortar el Estado de Bienestar. Muy al contrario lo hemos reforzado para salir de la crisis con justicia». Bolaños ha agradecido el trabajo conjunto de varios ministerios en la creación del escudo social: Presidencia, Transición Ecológica, Justicia, Transportes, Derechos Sociales e Igualdad. «Este escudo social que someto a su convalidación protege a más de 1.100.000 personas de nuestro país, compatriotas que tienen dificultades económicas que la pandemia agravó, pero que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España», ha destacado.

Por este motivo, indicó, el Gobierno de España ha decidido prorrogar hasta octubre las principales medidas recogidas en este Real Decreto-ley que se aprobó el año pasado y que vencía en agosto. Estás medidas se agrupan en tres ámbitos:

Lucha contra la pobreza energética. Se garantiza el suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión, es decir, a las familias con ingresos inferiores a 11.900 euros anuales si no hay menores y 19.800 euros anuales si tienen hasta dos menores. Asimismo, se prorroga el descuento en la factura eléctrica, ampliando el concepto de consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo, afectados por un ERTE o que cumplan determinados requisitos de renta, de tal forma que puedan beneficiarse de un bono social eléctrico. «1.190.000 personas han visto reducida su factura y hemos garantizado que puedan seguir teniendo agua, electricidad y gas natural en sus casas», indicó el ministro.

Protección del derecho a la vivienda. Se suspenden los desahucios y lanzamientos a personas vulnerables sin alternativa habitacional para ellos o sus familias, unas medidas que no se aplicarán si el propietario es también vulnerable, si se trata de una segunda residencia o si el inquilino entró con intimidación o violencia o cuando existan indicios de actividades delictivas en el domicilio. Se aplica, asimismo, una prórroga extraordinaria al contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, si lo solicita el arrendatario. Y se da la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor. «Son iniciativas para todos. Para los inquilinos con dificultades económicas. Y también para los propietarios, que podrán solicitar compensaciones hasta el 30 de noviembre», ha explicado Bolaños.

Medidas para la lucha contra la violencia de género. El Real Decreto-ley incluye también medidas para la lucha contra la violencia de género. Así, se mantiene la consideración de «esenciales» a los servicios de protección y asistencia a las víctimas. «El compromiso del Gobierno con la igualdad entre mujeres y hombres y con la lucha contra la violencia machista es absoluto y prioritario. Y nuestras políticas públicas lo atestiguan», ha afirmado.

«No dejamos a nadie atrás»

Por último, el ministro Bolaños ha destacado como prioridades del Gobierno «proteger a las personas, mejorar sus condiciones de vida, crear riqueza y empleo e impulsar una idea de país socialmente más justo y solidario, y económicamente más fuerte», solicitando a los y las diputadas de la Cámara su confianza para poder convalidar este Real Decreto-ley, «un acuerdo de todos y para todas. Para demostrar que todos los grupos, con independencia de sus diferentes ideologías, estamos de acuerdo en arropar a las personas con más dificultades».