Javier Sánchez Serna y José Luis Álvarez Castellanos, coordinadores regional de Podemos e IU, respectivamente, apuestan por «plantar cara y frenar la degradación ética y política de la Región de Murcia», ante un Partido Popular que “juega con la legalidad vigente, compra diputados, monta un proceso paralelo para altos cargos y amigos en el proceso de vacunación y cuela a familiares en los quirófanos”

Esta mañana, Unidas Podemos ha presentado una denuncia contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por un caso de cohecho por haber mediado presuntamente en una gestión sanitaria a favor de un familiar del secretario general del Partido Popular, D. Teodoro García Egea, prevaliéndose de su cargo. El coordinador de Podemos en la Región de Murcia y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna ha señalado que el presidente realizó una gestión que estaba claramente “fuera de sus competencias y al margen de los protocolos oficiales, con el objetivo de saltarse las listas de espera”, por lo que estaríamos ante “un trato de favor que cumple con todas las características de un presunto delito de cohecho”.

El diputado ha asegurado que Podemos va a seguir “vigilando estrechamente a este presidente que lo mismo compra voluntades de diputados tránsfugas que vende favores a los cargos de su partido” y ha apuntado que en la Región de Murcia existe “no ya un problema de corrupción sistémica sino de impunidad”. El verdadero problema, radica para Sánchez Serna,  en que  el que en el PP y en el Gobierno de López Miras “se creen impunes y quieren convertir a la Región en un bazar”.

El coordinador de Podemos ha recordado que mientras el tiempo de espera media para una operación quirúrgica era de casi 93 días en abril, “el familiar del secretario general del PP fue operado tan solo 6 días después de la mediación del presidente López Miras”, por lo que el escándalo del familiar de García Egea supone “un insulto para las más de 22.000 personas que esperaban en abril una operación, muchos de ellos pacientes graves, y que aguardan su turno sin recurrir a presiones ilícitas o chanchullos”.

De esta forma, en la comunidad autónoma se está creando un sistema dual en el que “hay gente de primera y gente de segunda categoría; una sanidad vip para el pp y sus familiares y otra para el resto de mortales”. Una situación que es posible en la Región de Murcia debido a “la inmensa red clientelar tejida por el PP en los últimos 25 años, pero también por la sensación de impunidad con la que estos responsables políticos se desenvuelven”.

Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes en la Región de Murcia, José Luis Álvarez Castellanos, ha ironizado asegurando que  “no forma parte de las funciones del presidente de la región de Murcia la gestión personalizada de citas médicas”, por lo cual teme “encontrarnos ante un delito de cohecho de libro: una mediación del denunciado, López Miras, en una gestión sanitaria a favor de un familiar del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea”.

En este sentido, Álvarez Castellanos ha recordado que el delito de cohecho se realiza cuando se interfiere “en el buen funcionamiento de la Administración con influencia de intereses perturbadores”. A ese fin, la denuncia pretende dilucidar si hubo una interferencia en dicho buen funcionamiento para “preservar así su recto ejercicio y garantizar la probidad e imparcialidad de sus funcionarios y la eficacia del servicio público encomendado”.

Para entender la extrema gravedad de estos hechos, el Coordinador regional de IUVRM ha señalado que “ocurren en un clima ya enrarecido previamente por otros casos de corrupción que escandalizaron a la sociedad española” como fue “la vacunación fuera de turno de altas personalidades como el anterior Consejero de Sanidad o el concejal Coello, quien además fingió formar parte de un supuesto voluntariado“.

A estos escándalos hay que sumar el caso de la fallida moción de censura regional, “previa compra de diputados tránsfugas”. Todo ello viene a dibujar “un escenario de corrupción monumental, donde el partido gobernante muestra un absoluto desprecio por la población a la que debería defender”, según Álvarez-Castellanos.